Los presuntos delitos están relacionados con su condición de copropietaria, junto con su marido Iñaki Urdangarín, de la empresa Aizoon, a la que se desviaron más de un millón de euros públicos desde el Instituto Nóos.

Entre dichos delitos destaca que nunca tributó el IRPF de los dividendos obtenidos a través de dicha compañía en sus declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El juez la ha citado a declarar el 8 de marzo.