Las autoridades crearon varias comisiones después de que miles de personas expulsadas de sus puestos de trabajo o arrestadas protestaran contra lo que consideran medidas injustas.

Tras la tentativa golpista, la administración lanzó una purga sin precedentes contra supuestos simpatizantes de la cofradía del líder religioso Fethullah Gülen acusado por el gobierno de Erdogan de ser el responsable del golpe frustrado.

Afectó a todos los sectores de la sociedad turca: las fuerzas de seguridad, la clase docente, la magistratura, los medios de comunicación y los deportes, entre los más importantes.

Las autoridades decidieron liberar, a finales del verano, a unos 38 000 detenidos para dejar sitio en las cárceles para los nuevos arrestados.