La nueva ley electoral italiana que entró en vigor el pasado mes de julio con toda la oposición y algunos miembros del Gobierno Renzi en contra, busca acabar con la inestabilidad política crónica en el país.
El texto contempla que se otorgue un premio de mayoría, el 55% de los escaños, es decir, 340, a la lista que supere el 40% de los votos. En el caso de que ninguna de las listas alcanzase tal umbral, las dos más votadas irían a una segunda vuelta. Para algunos el bonus es demasiado elevado, otros, en cambio, señalan que no se altera el principio de representación. ¿Cuál es realmente el problema?
Marco Cacciotto, profesor de márketing político de la Universidad degli Studi de Milán:
“Sustancialmente, permite tener un bonus notable, con una fragmentación de las fuerzas políticas y de los partidos. Se puede llegar a la segunda vuelta aunque sea con un 20%. Y se podría alcanzar el 55% de los escaños parlamentarios con una base electoral que en realidad es del 20%.”
El sistema de dos vueltas es otro de los puntos más controvertidos de la ley. Aunque se utiliza a lo largo y ancho del planeta para la elección de los órganos legislativos y en las presidenciales por sufragio universal directo, como sucede en Francia. Hasta ahora en Italia se limitaba a la elección de los alcaldes.
Marco Cacciotto: “Inicialmente el sistema de las dos vueltas no estaba previsto, pero al inscribirlas en la ley se garantiza que ninguna fuerza política logre un bonus con una mayoría mínima, y eso solo se puede conseguir con una segunda vuelta.”
Hasta ahora las sentencias del Tribunal Constitucional italiano sobre las modificaciones de leyes electorales protegían el principio de representatividad en el Parlamento.
Marco Cacciotto: “Hay otros países que cuentan con sistemas de mayoría absoluta que favorecen la gobernabilidad respecto a la representatividad del electorado.”
La sentencia del Tribunal Constitucional determinará el futuro de la política de Italia. Un país que, tras la victoria del “No” en el referéndum en diciembre, y un cambio de Gobierno, podría verse obligado a anticipar las elecciones.