Este año más de 100 presos fueron asesinados por sus pares en las cárceles súper pobladas en varias partes del país.

En una de ellas hubo un violento motín que dejó 26 muertos, casi todos decapitados a manos del Primer Comando Capital (PCC), la principal organización criminal de São Paulo. Después de 48 horas de rebelión, el temido cuerpo de asalto de la Policía brasileña, el BOPE, seguía sin poder acceder a este centro penitenciario para retomar el control.

La explicación para semejante impotencia de los cuerpos de seguridad de Estado es estremecedora.

El sistema carcelario de Brasil está fuera de control, y cuenta con 622.202 presos que abarrotan las cárceles.

Hasta el momento, fueron 26 muertos en la cárcel de Alcaçuz, 56 en el Estado del Amazonas y 31 en Roraima, mientras el propio Gobierno reconoce públicamente su incapacidad de lidiar con la situación.

En Brasil hay 306 presos cada 100.000 habitantes, cuando la media mundial es de 144.

Por lo tanto, el abarrotamiento está confirmado por los datos estadísticos, que muestran una tasa de ocupación del 161 %. Para reequilibra esta situación habría que poner en libertad a unos 231.000 presos.

Para empeorar la situación hay una injusticia por tras de todo eso, muchos reclusos acaban quedándose entre rejas, incluso después de haber cumplido su pena, porque no tienen a un abogado que pueda reclamar su libertad ante el lentísimo sistema judiciario.