El Departamento de Justicia de EE.UU. carga de nuevo contra las llamadas “ciudades santuario”, aquellas que se niegan a colaborar con las autoridades federales para deportar a indocumentados y a inmigrantes que han cometido algún crimen.
El fiscal general, Jeff Sessions, exige a las nueve jurisdicciones del país calificadas así que den información sobe los inmigrantes en su territorio o dejarán de recibir fondos.

“El Departamento de Justicia está comprometido con la aplicación neutral y justa de la ley en cada circunstancia. Pero tenemos sistemas legales de inmigración… ¿que no deben ser aplicados? ¿Es racista decir eso? ¿Está mal decir que alguien que entra en el país ilegalmente y que es atrapado la semana siguiente en Los Ángeles… es de algún modo abusivo que se le detenga y se le deporte?”, dijo Sessions.

El ultimátum afecta a todo el estado de California y a ciudades como Nueva York, Chicago, Filadelfia y Nueva Orleans.
Muchos líderes de las “ciudades santuario”, como los de Nueva York o Chicago ya han dicho que seguirán ignorando los requerimientos de la administración Trump a este respecto.