El economista José Manuel Rodríguez López, en entrevista para teleSUR, explicó que las alcaldías y gobernaciones de Venezuela estaban limitadas a hacer subastas abiertas para poder contratar otros bienes de mayor magnitud. En el último semestre del 2017 los precios escalaban tan rápido que "un proveedor que presentaba a un alcalde un producto o un servicio veía afectada su estructura de costos y no podía mantener por más de 15 días. Esto básicamente paralizó a la administración pública". Así, los alcaldes dijeron al presidente que necesitaban dos cosas: recursos cuanto antes para solventar el déficit acumulado en los últimos meses y flexibilización en los rangos de contratación que es lo que se ha aprobado en la reciente Ley contra la Guerra Económica. teleSUR