Sin importarles que se trate de espacios públicos, incluso de zonas federales que deberían estar bajo el control y administración de los tres niveles de gobierno, lo que impera en esta región del país es un estado policial privado para asegurar que nadie tenga acceso a esos lugares turísticos sin previa autorización, y si no son huéspedes o invitados de los lujosos hoteles, de los campos de golf, de las villas...