El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) eleva la gravedad del incidente en la central de Ascó, en Tarragona, y expedienta a la empresa, a la que acusa de mala gestión y de ocultar información sobre la fuga radiactiva de noviembre. No obstante, el organismo también ha subrayado que no existe riesgo para la población, si bien los datos indican que el vertido fue superior al estimado. Por eso, entre 700 y 800 personas se someterán a análisis por si han sido afectadas. Con la recalificación, el suceso pasa a ser uno de los cuatro más graves de nuestro país. La planta catalana, propiedad de Endesa e Iberdrola, acumula ya varias infracciones.