El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado que el cierre de páginas web que exploten los derechos de autor sin autorización deberá contar siempre con un control y autorización judicial, a la que la Comisión de Propiedad Intelectual tendrá que comunicar sus decisiones. Una postura que contradice el polémico proyecto de Ley de Economía Sostenible presentado por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde.Caamaño ha explicado que es posible combatir practicas ilegales que hacen mucho daño a la propiedad intelectual y a los creadores y respetar también la libertad de los usuarios y el uso y el acceso a Internet.Tras comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso, el ministro ha indicado que el cierre de las páginas webs que atenten contra la propiedad intelectual tiene que hacerse con un "control judicial". Así, explicó que, de la misma manera, le parecería normal "que si hay un página web y es detectada por la policía y la Guardia Civil, donde se dice cómo se hacen bombas, se paralice y se ponga en conocimiento del juez".