José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, no habla sobre la decisión de pagar la defensa de los imputados en el caso de los ERE.El anuncio lo hizo ayer el portavoz del ejecutivo regional, pero el Gobierno andaluz da hoy un paso atrás."Lo razonable y lo lógico es que sólo  sea con aquellas personas que, evidentemente, resulten inocentes finalizado el proceso", ha afirmando Susana Díaz, consejera de la Presidencia y de Igualdad de la Junta. El Gobierno se acoge a una normativa, pero aún así, la oposición se niega a tener que pagar con dinero público los abogados de los imputados Carolina España, vicesecretaria de empleo del PP de Andalucía, dice que "ya está bien de gastarse el dinero de los andaluces en cosas que no se debe".El pago sería con matices. Se costearía la defensa de aquellos imputados que hoy trabajan la Junta y sólo si ellos lo solicitan. Al menos cuatro de los imputados trabajan hoy en la administración. El resto, como sucede con Magdalena Álvarez, la ex ministra imputada también en el caso de los ERE, tendrán que pagarse ellos mismos su propia defensa.Fue ella, la juez Mercedes Alaya, quien imputó la semana pasada a 20 cargos y ex altos cargos de la Junta. Ahora el fiscal pide que la juez se dé prisa en fijar las fechas de sus citaciones.