El pasado mes de Enero ya hubo otro pronunciamiento de otro Tribunal, en este caso el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que dijo claramente y refiriéndose a un caso concreto de desahucio, que era un caso abusivo, y que el Estado español debería tomar medidas para impedir que esos casos se reprodujeran. Ahora evidentemente se redobla el interés, y ahora nosotros acabamos de adaptar esta iniciativa que ya teníamos programada para pedir eso, en primer lugar, que el Gobierno español haga caso de los tribunales europeos, tanto de lo que se dictó en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en Enero, como de lo que ahora ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo. Y en segundo lugar, que el Gobierno prepare también las medidas legislativas necesarias para adaptar las leyes del Estado a lo que dictan los altos tribunales europeos.