Fue una de las primeras medidas anunciadas por Pedro Sánchez: el dictador no seguiría en el Valle de los Caídos después del verano. Después se dijo a finales de año y después a principios de 2019. Y en esas está el Gobierno, sin terminar de tramitar el procedimiento. Problemas legales, problemas con la nueva ubicación y, además, el recurso de la familia ante el Supremo. Pidieron al Alto Tribunal que suspendiera cautelarmente la exhumación, pero la decisión no ha sido ni sí ni no, porque los seis magistrados reunidos a puerta cerrada han determinado que no hay nada que paralizar porque el Gobierno no ha dado la orden todavía. Cuando el Consejo de Ministros dé definitivamente luz verde, la familia tendrá que volver a pedir la suspensión. Entonces, y no antes, el Supremo decidirá si suspende la exhumación o deja que siga su curso, como pide la Abogacía del Estado.
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