La Guardia Civil sacaba cajas y documentación de la sede de UGT de Sevilla, de centros de formación, de empresas, de sedes de otros sindicatos y de fundaciones. Era parte de la investigación que dirigía la juez Alaya, que investigaba el supuesto fraude de los cursos de formación de la Junta de Andalucía. Pero lo que empezó en 2013: más de 17 empresas implicadas, 200 personas investigadas, 24 exdirigentes de la Junta de Andalucía acusados y un supuesto fraude que ascendía a más de 2.000 millones de euros,  ha terminado en nada. La juez María Núñez, que sustituyó a la juez Alaya, ha decidido archivar el caso por segunda vez. Un cierre de sumario durísimo en el que acusa a su antecesora de haber elaborado "teorías sobre la conspiración y tramas delictivas".  
-Redacción-