Deberán empezar de cero literalmente porque los familiares de las víctimas del amianto han tenido, incluso, que devolver sus indemnizaciones, que en algunos casos llegaban a los 100.000 euros. Y para hacerlo los hay que han tenido que vender sus casas. Ahora tan solo les queda fuerza para volver a retomar la lucha. Fue hace 10 años cuando las víctimas del amianto denunciaron a la empresa Uralita de Getafe en la que habían trabajado respirando un polvo que les condenó a muerte. El juicio comenzó por la vía civil pero el Tribunal Supremo anuló todas las sentencias favorables y todas las indemnizaciones porque, al existir un contrato entre la empresa y el trabajador, la denuncia se debe tramitar por la vía laboral. Según Juan Carlos Paúl, presidente de la Asociación de Afectados por el Amianto (Avida), esto supuso un mazazo moral y económico para las familias. Hoy, precisamente, son los familiares de seis de esos trabajadores ya fallecidos quienes emprenden, de nuevo, el camino de la Justicia.
-Redacción-