Hartos de que el Gobierno socialista condicione sus actuaciones en Cataluña a su estrategia electoral -esto es, a lo que mejor convenga a Pedro Sánchez-, el sindicato Jupol, de la plataforma mayoritaria Jusapol, está dispuesto a llegar hasta los tribunales para exigir responsabilidades por lo que entiende que es una anteposición de condicionantes políticos a las exigencias de envío de más agentes a los focos de terrorismo callejero.

Y el primer paso es exigir la dimisión del comisario de los antidisturbios -los UIP, Unidades de Intervención Policial-, como revela Carlos Cuesta en OKdiario este 29 de octubre de 2019

Tienen razón, porque después de que Barcelona viviera cinco noches de extrema violencia, nunca vista en la Ciudad Condal, nadie ha sabido o querido explicar las razones por las que los agentes fueron literalmente abandonados a su suerte hasta el punto de poner en peligro sus vidas.

La falta de medios -pelotas de goma- o la inexplicable renuncia al empleo de la tanqueta hídrica, además de la ausencia de efectivos en los puntos más complicados y el impedimento a los GRS de la Guardia Civil para intervenir en apoyo de los agentes atacados, han colmado el vaso de la paciencia policial.

El sindicato de Policía Jupol señala, en una carta remitida al ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, que “las Unidades de Intervención Policial han sido maltratadas a lo largo de los años hasta llegar a la situación actual que es de tal gravedad que nos vemos en la obligación moral de darle visibilidad a todo el mundo”.

Lo que pretende el sindicato es forzar a que se desvele si hubo una orden política desde el Ministerio de Interior o el Gobierno para limitar las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Lo que resulta intolerable es que el Gobierno Sánchez no haya ofrecido argumento alguno que justifique un operativo que obligó a los agentes a enfrentarse a los independentistas radicales en una situación objetiva de inferioridad.

Fue su profesionalidad y solidaridad lo que evitó una tragedia. Alguien tiene que dar un paso al frente y explicar el porqué de una decisión que maniató a la Policía.

Grande-Marlaska no puede seguir eludiendo un asunto de enorme gravedad.

Duele pensar que el Ejecutivo utilizara a los agentes como meros instrumentos de su estrategia electoral.