Sevilla, 19 nov (EFE).- Diecinueve de los veintiún ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados en la pieza política de los ERE han sido condenados por la Audiencia de Sevilla, entre ellos los expresidentes José Antonio Griñán, con seis años de cárcel y quince de inhabilitación, y Manuel Chaves, con nueve años de inhabilitación.
Griñán, para quien la Fiscalía pedía seis años de prisión y veinte años de inhabilitación absoluta, ha sido condenado a seis años y dos días de prisión por un delito continuado de malversación y a quince años y dos días de inhabilitación absoluta por otro continuado de prevaricación.
Según un resumen de la sentencia facilitada a la prensa, Griñán, que fue presidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013, fue "plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó" al conceder las subvenciones de los ERE a través de las transferencias de financiación.
El expresidente, que fue consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009 antes de relevar a Manuel Chaves en la Presidencia, asumió "la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados", añade el juez.
Por su parte, Chaves ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación frente a los diez años que solicitaba la Fiscalía.
La Sección Primera recuerda que Chaves presidía la Junta de Andalucía "cuando se empezaron articular las primeras ayudas" a trabajadores afectados por ERE "a finales de los 90 y en el año 2000".
"Resulta lógico que cualquier variación en el sistema de concesión de estas ayudas, habida cuenta de que afectaba a más de una consejería, tuviera que pasar por la decisión final de su superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta", destaca la resolución del ponente, Juan Antonio Calle Peña.
La pena más alta ha recaído en el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, con siete años, once meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, en ambos casos, por los delitos continuados de prevaricación y malversación.