Desde la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, ofreció una conferencia de prensa en la que informó que se reunió con la fiscal de dicha instancia, a quien le entregó una remisión por los efectos de las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos, que constituyen crímenes de lesa humanidad, por afectar asuntos vitales del pueblo venezolano, como el derecho a la alimentación, educación y salud. Arreaza aseguró que la demanda va en contra de quienes gobiernan en la Casa Blanca, como principales responsables de estas violaciones de los derechos humanos orientadas a forzar un cambio de gobierno en su país, por lo que es necesario que la CPI determine responsabilidades. La más reciente sanción ilegal de Washington fue contra la aerolínea estatal Conviasa, que también ha servido como medio para la implementación de programas de atención social como el Plan Vuelta a la Patria que rescata a inmigrantes víctimas de xenofobia y con escasos recursos económicos, así como para el traslado de pacientes. teleSUR