El Gobierno español y la Generalitat catalana han acordado que la mesa de diálogo sobre el "conflicto" que definen como de "naturaleza política" en Cataluña se reúna una vez al mes y busque posibles consensos que deben formularse "en el marco de la seguridad jurídica", omitiendo cualquier referencia a la Constitución de 1978 como ya había ocurrido en otros documentos suscritos meses atrás entre el Gobierno central y el catalán.