“Muchas compañías no nos quieren emplear porque aún creen que somos brutos, que tenemos alguna discapacidad intelectual, que no sabemos hacer nada, la realidad es que tenemos muchas habilidades, solamente necesitamos las oportunidades”, dice entre ademanes y señas Pablo Taveras, presidente de la Asociación Nacional de Sordos (Ansordo).

El artículo 62 de la Constitución Dominicana declara el trabajo como “un derecho, un deber y una función social de todo ciudadano”, pero la barrera comunicativa entre personas sordas y oyentes a veces es vista como limitante para que las personas con discapacidad auditiva sean recibidos como colaboradores en empresas o instituciones públicas.

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