Lejos aún de su derogación, cuando no falta mucho para llegar al ecuador de la legislatura que tiene en el poder a un gobierno de coalición progresista, la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 aprobada por el ejecutivo de Mariano Rajoy, más conocida como Ley Mordaza, ha incrementado sus números en el balance anual de sanciones y, por tanto, de recaudación.
Según la estadística del Ministerio de Interior de 2020 que acaba de ser publicada, el año pasado creció un 53% el número de multas por incumplimiento de esta polémica normativa, lo que incrementó en 105,6 millones de euros las cantidades percibidas con respecto a 2019, un 72% más, hasta alcanzar una cifra de ingresos de casi 252 millones y medio.