Su colusión con el gobierno de Jaime Bonilla desembocó en cientos de amparos por parte del sector empresarial que denunció cobros ilegales por parte de Fisamex, empresa dirigida por García Soto, que ahora busca entablar contratos con el Ayuntamiento de Los Cabos con una empresa de nombre distinto.
Los detalles, en la edición impresa del Semanario ZETA.