Abortar no es una decisión fácil para ninguna mujer. Y ya tenemos experiencia histórica suficiente como para calificar de indecencia todas las iniciativas para criminalizar a las mujeres y arrebatarles un derecho que representa un avance democrático incuestionable del movimiento feministas. El derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo forma parte de los derechos a la salud sexual y reproductiva y a la igualdad social y económica. La experiencia confirma además que penalizar el aborto, jamás ha significado eliminarlo, sino convertirlo en un privilegio de las mujeres con más recursos económicos y condenar a las demás a abortar de forma ilegal e insegura.