Mientras el número de fallos médicos se disparan –se registraron 13.156 denuncias en 2021, un 25% más que en 2020–, solo son un puñado de denuncias las que prosperan, más aún si la vía penal es la elegida, donde las «trabas», las «exigencias» de pruebas, el «corporativismo médico» y los «reparos» a la hora de condenar a médicos y sanitarios hacen que jueces y fiscales «sean duros en la aplicación del espíritu de la ley». En 2021, 628 personas murieron por mala praxis, según datos de la Asociación Defensor del Paciente. Ningún médico ha sido inhabilitado ni ha entrado en prisión por ello.