El consorcio que ganó la licitación para la colocación de los programas para controlar el uso, las tareas y localizaciones de las computadoras y tabletas entregadas a estudiantes y profesores este año, demandó al Ministerio de Educación por la falta de pago del contrato, que asciende a 549 millones de pesos.

La demanda en ejecución de contrato, pago de valores y daños patrimoniales contra el ministro de Educación, Ángel Hernández, y otros dos funcionarios de esa entidad, fue presentada por el Consorcio BCG Educación, representado por el señor Alan Kevin Patino Climent, de nacionalidad argentina, que tiene como abogado especial constituido a Ángel Lockward.

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