Septiembre de 2019. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, es consciente de que la repetición electoral es un hecho. Su escuálida victoria el 28 de abril de ese mismo año, con 123 diputados, no le sirvieron para poder ser investido de nuevo como jefe del Ejecutivo.

El socialista, a quien quisiese escucharle, es decir Carlos Franganillo en TVE o Antonio García Ferreras en laSexta, aseguró por activa y por pasiva que él jamás hubiese podido conciliar el sueño de tener que pactar para ser presidente del Gobierno con podemitas, nacionalistas, golpistas y filoetarras.




La cuestión es que la hemeroteca mata y remata el relato de ‘Falconetti’. Basta con remitirse a los hechos y compararlos con las palabras para darse cuenta de que la palabra de Sánchez vale menos que un euro de madera.

Noviembre de 2019, a poco de celebrarse las elecciones del 10-N. Pedro Sánchez es entrevistado en Radio Nacional y ahí presume de que va a traerse a España al prófugo Carles Puigdemont como si él fuese la propia Justicia. Cuando el periodista le pregunta que cómo lo va a hacer y si no hay que dejar que sean las instancias judiciales las que deban hacer esa labor, el socialcomunista, en plan chuleta, respondió aquella frase para el mármol: “¿de quién depende la Fiscalía, de quién? Pues eso”.

Lo curioso del caso es que antes de que se cumpliesen dos años de esas palabras, Sánchez indultó a todos los presos del procès, derogó el delito de sedición, rebajó la malversación y ahora la duda que queda latente es si se resistirá a cristalizar la última exigencia de los golpistas, el referéndum de independencia.

No solo en 2019 se negaba a pactos con la banda de Otegi. Es que en 2015, en una entrevista con la televisión de Navarra, aseguraba que podía repetir hasta en 20 veces que el jamás pactaría con EH Bildu.

Los hechos dieron la razón a quienes pensaban que el inquilino de La Moncloa mentía. Sánchez no tuvo escrúpulos en apoyarse en los proetarras para conseguir, primero, la presidencia de la Comunidad Foral de Navarra para la socialista María Chivite y después, ya investido en 2020 como presidente del Gobierno de España para que los bilduetarras le aprobaran la derogación de la reforma laboral, la ley de memoria democrática o los presupuestos generales del Estado a cambio, eso sí, de conseguir el acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco