Los países de la Unión Europea se resisten a tomar una decisión sobre la petición española de oficializar el uso del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea hasta que no haya sobre la mesa un dictamen jurídico del Consejo de la UE sobre las consecuencias de la medida y un análisis de su impacto económico y práctico en el funcionamiento del bloque.

(Fuente: EBS)