Lo que mas escamado me tiene es la complacencia del Gobierno Sánchez ante la exigencia de los racistas de Junts de multar a las empresas que escaparon como alma que lleva el diablo de Cataluña y no se plantean volver.
Desde la escalada separatista de 2017 hasta hoy, más de 8.000 compañías se trasladaron a otras regiones españolas. El grueso de estas entidades, unas 5.000, con una facturación superior a los 56.000 millones de euros anuales, recalaron en la Comunidad de Madrid.
Les adelanto que lo más probable, dada la dependencia que tiene Sánchez de Puigdemont, es que el Gobierno socialcomunista termine ‘bonificando’ con dinero de todos los contribuyentes a las firmas que cedan a la presión y regresen al paraíso de la butifarra y la sardana.
¡Hombre! … Si Puigdemont, Junqueras y colegas quieren que los negocios retornen a Cataluña —o atraer inversiones—, que dejen de perpetrar las tropelías que los espantan.
A la espera de que Sánchez y el PSOE promulguen el decreto que condene de nuevo a extremeños, andaluces, murcianos, manchegos, castellanos, aragoneses, madrileños y gallegos a pagar las facturas de esta cuadrilla, tenemos ya que el Gobierno de España cede las competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña.
Una de las derivadas de la claudicación sanchista de este miércoles es que los xenófobos de Junts exigirán en breve el control de la frontera con Francia, el de puertos y aeropuertos y, por supuesto, el cierre de la región a los inmigrantes indocumentados que Marlaska reparte por el territorio nacional.
Esto esta muy feo. 529 días después de que el socialista Sánchez se comprometiera en público a traer a Puigdemont de una oreja y sentarlo ante la Justicia; el del flequillo le ha puesto a él de rodillas ante todo el mundo.
No tiene sentido engañarse.
Aunque nos repugne, la realidad es que España, hoy, esta gobernada desde Bélgica. Y por un sujeto que tuvo diez veces menos votos que Santiago Abascal en las pasadas elecciones generales.