Un total de 647 cadáveres han sido hallados en 156 fosas clandestinas en 22 estados y el Distrito Federal en lo que va del sexenio.
Los hallazgos van en aumento: en 2007 se registraron 9 fosas con 32 cadáveres en total; en 2010 se reportaron 46 tumbas con 249 cuerpos, y en lo que va de 2011 ya se han contabilizado 49 fosas con 227 restos humanos.
Estas cantidades son resultado de reportes de autoridades estatales y federales, la CNDH y notas periodísticas.
Los últimos hallazgos se registraron en San Fernando, Tamaulipas, donde 145 cadáveres han sido exhumados en una veintena de fosas desde el 6 de abril.
Con 152 cuerpos, Tamaulipas es el Estado donde se ha encontrado el mayor número de cadáveres, sin contar los 72 cuerpos de inmigrantes hallados a la intemperie en San Fernando en agosto del año pasado.
Las narcotumbas, detectadas principalmente en ejidos, parajes solitarios y fincas, han sido acreditadas a los grupos delictivos de Los Zetas, La Familia, los Beltrán Leyva y los cárteles del Golfo, Juárez y Sinaloa.
Para Ariel Dulitzky, integrante del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, la impunidad crónica en México dificulta entender la complejidad del hallazgo de fosas clandestinas.
“Nosotros recibimos múltiples testimonios de casos en que la privación de la libertad, aun pudiendo enmarcarse bajo el delito de desaparición forzada, es clasificada bajo delitos distintos, tales como el secuestro o el abuso de autoridad”.
El delito de desaparición forzada implica la participación de una autoridad, de acuerdo con la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada.
Tomás Serrano, director del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH, consideró indispensable sistematizar la información de los cuerpos encontrados en las fosas a través de registros de ADN, tejidos y media filiación.
Sólo de esta manera se podrá garantizar a los familiares de las víctimas acceso a datos confiables y oportunos para la identificación de sus desaparecidos, señaló.
Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió adoptar medidas urgentes para evitar que la desaparición de personas y la construcción de fosas sigan ocurriendo en México.