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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó una controversia constitucional que interpuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en 2022, por lo que queda firme la facultad del Ayuntamiento tapatío de obligar a las empresas cableras a colocar el cableado por vía subterránea y de obligarlas también a contar con una póliza de seguro para responder ante cualquier daño que generen.