Detuvieron al exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, por corrupción

A24 2024-11-19

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La Cámara de Casación Penal de Entre Ríos ordenó este martes la prisión efectiva inmediata del exgobernador de la provincia y exembajador en Israel, Sergio Urribarri.

La medida se enmarca en la condena dictada en 2022 por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Urribarri fue sentenciado a ocho años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.  

El mismo fallo alcanza a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, quien también deberá cumplir con prisión efectiva. Ambos serán trasladados a la Unidad Penal 1 de Paraná, según lo resuelto por las juezas de Casación Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.  

Uribarri detenido: fallo firme y pedido de los fiscales

Los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull fundamentaron su solicitud de prisión inmediata en el "riesgo serio de fuga", dado el monto de la pena y la naturaleza de los delitos. En su análisis, destacaron la gravedad de los hechos probados y el esquema de corrupción que operaba durante el mandato de Urribarri.  

Uno de los puntos más significativos de la condena fue la adjudicación irregular de contratos por 28,4 millones de pesos para la organización de la Cumbre de Presidentes del Mercosur en 2014. También se investigaron maniobras relacionadas con contrataciones de publicidad en medios nacionales y la instalación de un parador turístico en Mar del Plata, todos considerados como parte de un esquema de retornos con fondos públicos.  

Traslado inminente

El Servicio Penitenciario ya inició los procedimientos para trasladar a Urribarri desde Concordia y a Aguilera desde Paraná. Ambos serán alojados en la prisión provincial mientras cumplen la condena.  

El fallo refuerza la condena dictada en abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos, que destacó la gravedad de los delitos cometidos y la responsabilidad del exgobernador en el manejo irregular de fondos públicos. La sentencia marca un precedente en la lucha contra la corrupción en la provincia.  

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