El anuncio de Pedro Sánchez marca un giro radical en la política de vivienda, transformando al Gobierno en promotor inmobiliario, en lugar de seguir el modelo actual, que cede terrenos públicos a empresas privadas que exigen rentabilidades cercanas al 10%, lo que encarece considerablemente el alquiler. Las demandas por alquileres más accesibles y viviendas asequibles son una constante, y las protestas por este motivo se repiten casi cada semana.