El tribunal debe decidir si Cristina Kirchner cumplirá su condena de seis años por administración fraudulenta en prisión domiciliaria o en una cárcel común, mientras el peronismo prepara una marcha de apoyo y surgen tensiones políticas.

El tribunal integrado por Jorge Corini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Vaso se encuentra ante la decisión clave de otorgar o no el arresto domiciliario a Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. La resolución se limita a determinar el lugar donde la exmandataria deberá cumplir su pena, ya que no existen dudas sobre la condena ni las responsabilidades penales.

La inminente detención de Kirchner ha generado un clima político tenso. El peronismo confirmó que realizará una marcha como muestra de fuerza, independientemente del fallo judicial. Por otro lado, surgieron cuestionamientos sobre las condiciones del posible arresto domiciliario, especialmente tras el pedido del Procurador al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri para evitar complicaciones en la zona donde podría residir Kirchner bajo custodia.

En cuanto al cumplimiento efectivo de la pena, se discute si podrá acceder a libertad anticipada tras cumplir dos tercios de la condena. El caso pone en evidencia tanto las divisiones políticas como los desafíos logísticos y legales que implica ejecutar una sentencia contra una figura central del escenario nacional.