Un sargento de la Policía Federal fue sorprendido por tres delincuentes cuando salía de su casa en Ingeniero Budge junto a su esposa. Uno de los asaltantes lo apuntó con un arma, y el agente respondió con su pistola reglamentaria: hirió a uno en el pecho y el resto de la banda escapó. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad.
El ladrón herido, Alexander Gómez (19), fue hospitalizado. La Justicia consideró que fue un caso de legítima defensa.
¿Qué pasa con el uso de armas no letales?
El caso reabre el debate sobre cómo deben actuar las fuerzas de seguridad frente a una amenaza armada y qué margen hay para usar armas no letales, como pistolas Taser o lanzadores de gas pimienta.
En países como Estados Unidos, la incorporación de tecnología no letal no evitó los cuestionamientos por excesos en el uso de la fuerza. Casos como el de George Floyd en Minneapolis o el de Jacob Blake en Kenosha, donde se usaron armas letales pese a que las víctimas estaban desarmadas o inmovilizadas, mostraron los límites del sistema.
Las armas no letales pueden reducir riesgos en situaciones de control o detención, pero no siempre son eficaces cuando el agresor está armado, como ocurrió en Lomas. En esos casos, la doctrina policial estadounidense también autoriza la defensa con armas de fuego si el agente o un tercero corre peligro inminente.
Las Taser y las balas de goma con pimienta son útiles para inmovilizar a distancia o dispersar disturbios, pero su aplicación requiere entrenamiento riguroso. Mal utilizadas, pueden causar lesiones graves o incluso muertes, como ocurrió en el caso de Everett Palmer en Pensilvania, donde un uso excesivo de estas herramientas terminó con un civil muerto bajo custodia.
Mientras tanto, en Argentina, las fuerzas aún no cuentan con un protocolo unificado ni con acceso masivo a este tipo de equipamiento, por lo que en la mayoría de los casos el único recurso sigue siendo el arma reglamentaria.
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