En medio de fuertes cuestionamientos de juristas, empresarios y sectores políticos, el Tribunal de Cuentas y el presidente de la República, José Raúl Mulino, expresaron, este jueves, su respaldo a las medidas precautorias impulsadas por el contralor general de la República, Anel Flores, que facultan a la entidad para secuestrar bienes patrimoniales de funcionarios o particulares de quienes se presuma irregularidades en el manejo de fondos públicos, a pesar de que la medida podría contradecir principios constitucionales.