La justicia se prestó para cercenar la libertad de prensa con el aberrante fallo favorable hacia la exviceministra cartista, Marta González Ayala, quien impulsó un juicio contra la directora y un periodista de ABC Color por publicaciones que denunciaban presuntas irregularidades en un contrato para la actualización del sistema tributario, cuando la denunciante estaba al frente de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).