El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, firmó en octubre pasado un contrato por casi G. 2.600 millones para la provisión, instalación y puesta en marcha de ascensores en el Congreso Nacional. Este acuerdo ahora se ve ensombrecido por la denuncia que presenta una empresa afincada en Perú por la presunta falsificación de documentos con su logotipo.