El concejal José Alberti informó que el último estudio de costos del transporte público data de 2013, por lo que calificó como “ilegal” la tarifa de Bs 2,30 decretada por el alcalde, al no haberse realizado con transparencia. Señaló que este monto derivó en el cobro de Bs 2,50 sin cambios reales. Afirmó que existe apertura al diálogo con el sector, pero recalcó la necesidad de mejorar el servicio, reforzar la seguridad, implementar el billetaje electrónico y garantizar mayor seguridad vial.