A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el gobernador de la provincia norteña estableció la obligatoriedad de llevar a cabo exámenes toxicológicos a todos los funcionarios que desempeñen tareas en el estado provincial.
En caso de que los controles den positivo, los afectados podrán ser desafectados de sus cargos e incluso enfrentar un juicio político.
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