La legislación sobre protección del animal en España se remonta a 1927 y 1929. Una Real Orden multaba con 50 pesetas a quien maltratase a un animal no dañino, disposición actualizada en 1961. Desde entonces no se había vuelto a legislar hasta que recientemente -el 24 de noviembre de 1986- se aprobó la Directiva Comunitaria 86/609/CEE que promueve el respeto a los animales utilizados con fines científicos. La adecuación a esta Directiva en la legislación española se concreta en el Real Decreto 223/1988, publicado en el BOE el 18 de marzo. Con objeto de asegurar la protección de los animales utilizados en experimentación se limita estrictamente su uso a ciertos fines: prevención de enfermedades, alteraciones de la salud, producción farmaceútica, protección del medio natural, formación y educación e investigación científica y médico legal.