La ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo establece en el artículo 13, que cuando se sospechen que fondos o bienes están vinculados para cometer delitos, los sujetos obligados deben informar a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera bajo la pena de una multa entre 500 y 1000 unidades tributarias de no hacerlo. Algunos califican a este punto como una ley "Sapo" y han criticado la ambigüedad en la definición del concepto de delincuencia