El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha sido destituido e inhabilitado durante 15 años por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez.

La destitución se fundamenta en una supuesta violación de la ley al reformar el sistema de recolección de basuras en la capital.

Muchos colombianos sostienen que se trata de una medida tomada con intencionalidad y criterios políticos, dada la distancia que media entre las posibles faltas del alcalde y la desproporcionada sanción.

Algunos analistas y constitucionalistas van más allá, y afirman incluso que no existe tal violación a la ley, sino una afectación directa a las poderosas mafias que han manejado durante años las basuras en Bogotá, un rentable negocio en un esquema que se reproduce en buena parte del país.

Los poderes otorgados al Procurador desde la Constitución misma y en sucesivas leyes, han sido cuestionados por el propio ministro de Justicia, quien ha resaltado la inconveniencia de la decisión y ha pedido una revisión de la norma que otorga poderes tan ilimitados al Procurador.