Ha pasado más de una década y Argentina aún sigue pagando las consecuencias del desastroso corralito de 2001.

El pasado 30 de julio, el país entró en default por segunda vez en trece años después de que concluyeran sin acuerdo las negociaciones con los acreedores conocidos como ‘fondos buitre’.

Estos fondos reclaman el pago de 1.300 millones de dólares más intereses, correspondientes a los bonos de deuda argentina que poseen.

Estos bonos no estaban incluidos en las reestructuraciones de la deuda de 2005 y 2010.

Buenos Aires tenía hasta la madrugada para hacer efectivo un pago de un bono en vencimiento que ascendía a 500 millones de dólares, y no lo hizo.

Esto significa que el Estado ha entrado en default o suspensión de pagos, es decir, que no puede hacer frente a los pagos que debe.

Los acreedores del Estado argentino se dividen en dos grupos: los que aceptaron las quitas de 2005 y 2010, que reducían la deuda hasta en un 65%, y los que reclaman íntegra la cantidad que se les debe.

En este último grupo están los llamados fondos buitre, que reclaman al país más de 1.300 millones de dólares.

Buenos Aires tenía hasta el 30 de julio para abonar más de 500 millones de dólares a los acreedores que sí aceptaron la quita.

Aunque el Gobierno argentino intentó hacer efectivo el pago, la justicia estadounidense bloqueó la transferencia.

El juez Thomas Griesa sentenció que nadie cobraría hasta que lo hicieran los fondos buitre.

Argentina apuró hasta el último minuto para llegar a un acuerdo con estos fondos especulativos, pero fue en vano.

Finalmente expiró el plazo y las agencias de calificación crediticia declararon que el país sudamericano había entrado en ‘default’ o suspensión de pagos.

Sin embargo, el Gobierno argentino defiende la solvencia del país y está dispuesto a continuar el pulso: el pasado 7 de agosto, demandó a Estados Unidos ante el Tribunal de La Haya por considerar que las decisiones de la justicia norteamericana han violado su soberanía.