Las principales medidas de la política antiinmigración de Trump son: cerrar a cal y canto la frontera con Méjico, reforzar su vigilancia con 5000 guarda-fronteras más y asfixiar las llamadas ciudades santuario, que toleran a los extranjeros indocumentados.

Un calificativo que se remonta a 1980
cuando las iglesias comenzaron a acoger refugiados, que no lograban obtener asilo y huían de las guerras y conflictos armados en Centroamérica.

A Denise Simmons, la alcaldesa de Cambridge, Massachussetts, las órdenes ejecutivas firmadas por Trump no le han pillado por sorpresa: “nosotros reiteramos en noviembre que seguiríamos siendo una “ciudad santuario”, un puerto seguro para todos aquellos que escojan Cambridge como lugar de residencia mientras tramitan su nacionalidad”.

Hay más de doscientas “ciudades santuario” y el punto en común entre ellas es que no colaboran con las autoridades federales, ni denuncian a los emigrantes indocumentados. Se calcula que hay más de 11 millones, la mayor parte residen en esas metrópolis.

Concretamente, las “ciudades santuario” rechazan las demandas de detención de clandestinos cursadas por las autoridades federales y se niegan a
mantener en prisión más tiempo del requerido oficialmente a las personas sin papeles, para facilitar su explulsión.

La Constitución las ampara, según el alcalde de Seattle. Según Ed Murray, “la cuarta enmienda es muy clara: todos los arrestos y detenciones tienen que responder a una causa probable, y nuestro departamento de policía municipal no puede ser forzado a cumplir las leyes federales sobre inmigración. Tal y como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial no permitiremos que nuestros policias se conviertan en subordinados del gobierno federal y reunan a los inmigrantes en esta ciudad”.

Los fondos federales percibidos por la ciudad de Nueva York superan los nueve mil setecientos millones de euros pero paradojicamente, la línea correspondiente a la policía es la más fácil de cortar. Las consecuencias serían nefastas, según el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, quien ha declarado que: “esta órden ejecutiva podría socavar la seguridad pública y convertir a nuestros barrios en lugares menos seguros. En primer lugar porque esta órden ejecutiva podría minar la relación entre nuestra policía departamental y las comunidades, algo que ha sido crucial para luchar contra la criminalidad. No deportaremos a neoyorkinos que respeten la ley. No separaremos a las familias”.

Es precisamente lo que le ha ocurrido a José. Su mujer y sus hijos están del otro lado en San Diego. A él le han enviado a Tijuana y se ha jurado a si mismo que saltara el muro para reunirse con ellos.