La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, presentó un informe en Ginebra, Suiza, donde abordó la crisis de Venezuela. Reconoció represión de fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro contra manifestantes pacíficos y disidentes, que han incluido muertes, torturas y restricciones a la libertad de prensa.

"Documentamos el uso excesivo de la fuerza, homicidios, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos bajo custodia, y amenazas e intimidaciones. Muchas de estas preocupaciones han sido destacadas en nuestros comunicados y nuestro informe", dijo Bachelet. Expresó con preocupación "la reducción del espacio democrático" en Venezuela.

Agregó que "Autoridades han utilizado arbitrariamente la ley contra el odio para procesar a periodistas, opositores y cualquiera que exprese opiniones disidentes".

Con respecto al sistema de salud venezolano, la representante de la ONU manifestó que "la propagación de enfermedades infecciosas, que anteriormente estaban bajo control, es el foco de la reciente asistencia de vacunación de la Organización Panamericana de la Salud". Lamentó el deterioro sanitario "con un impacto muy significativo en la mortalidad materna e infantil".

En referencia al ámbito de los servicios públicos, el informe presentado por Bachelet concluye que "la escasez de agua, de gas natural y el colapso del transporte público también continúan afectando a muchas personas y, junto con la hiperinflación, generan condiciones económicas extremas que han provocado miles de protestas sociales". Destacó que el reciente apagón eléctrico a nivel nacional ha exacerbado el colapso de los servicios, "reduciendo aún más el acceso de las personas a los alimentos, el agua y los medicamentos, y afectando gravemente a los hospitales". En su presentación, Bachelet no precisó cifras de víctimas durante la falla eléctrica masiva que aun afecta a Venezuela desde el pasado 7 de marzo.

"El disfrute de los derechos económicos y sociales ha seguido deteriorándose dramáticamente desde junio de 2018. Las poblaciones vulnerables, como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas han sido particularmente afectadas. Por ejemplo, las condiciones de vida extremas obligaron a un número significativo de Pueblos Indígenas Warao a cruzar la frontera hacia Brasil en busca de alimentos, atención médica y otros servicios básicos", expuso.

Subrayó que "Más de 1 millón de niños ya no asisten a la escuela, principalmente debido a que los padres no pueden alimentarlos con el desayuno, el fracaso de los programas de alimentación escolar y la falta de transporte público, así como la ausencia de docentes".

La expresidenta de Chile aseguró que trabajan en la investigación de "posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad. En 2018, se informó que las FAES mataron al menos a 205 personas. Según informes, otros 37 fueron asesinados en enero de 2019 en Caracas".