La fiscalía va un paso más allá. Ayer ordenaba a los Mossos investigar e impedir el referéndum, hoy de forma específica, insta a la investigación de los alcaldes y cita a los responsables de cada uno de los 712 ayuntamientos que han dicho que van a colaborar, bajo amenaza de arresto si no lo hacen.
Trapero acató de inmediato las órdenes recibidas ayer y envió una circular interna a sus agentes, en la que no especifica cómo impedir el referéndum: No dice nada sobre requisar urnas.
Y en plena búsqueda de locales para el referéndum, la Generalitat, aparta al responsable de educación en Barcelona: Lluís Baulenas.  No se le cesa, continúa en el cargo pero se le "libera" de sus competencias.
De esta forma, no será el ayuntamiento de Colau quién tome la decisión de abrir colegios si no la consejera de enseñanza.
La Generalitat asume así toda la responsabilidad.