Hay temas de los que cuesta hasta hablar. Asuntos que producen náuseas.

Pero qué casualidad: a la psicóloga de la Sección de Menores de la Consejería de Igualdad valenciana que atendió a Mayte, la niña de 14 años que había denunciado abusos sexuales por parte del por entonces todavía marido de Mónica Oltra, se le olvidó preguntar a la pequeña si era víctima de abusos.

El informe de la tal Inmaculada Martín, justo una semana después de que la menor presentara la denuncia, concluyó que no había ningún indicio, de que la niña se hubiera sentido ‘abusada sexualmente’.

Es de aurora boreal. Si en lugar de preguntar, te dedicas a dar rodeos, lo lógico es que no te enteres. O que no quieras enterarte.

¿Por qué? Pues sencillamente porque la niña había acusado al marido de Oltra y la consigna oficial, la orden del Gobierno autonómico integrado por PSOE y Compromís, era dar carpetazo al asunto.

La Audiencia Provincial de Valencia condenó al marido de Oltra a cinco años de cárcel por estos abusos, condena que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y que ahora está pendiente de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Estamos ante un escándalo de dimensiones colosales. En el que están implicados, por acción u omisión, Mónica Oltra, el socialista Ximo Puig, la ministra de Igualdad Irene Montero, el Gobierno Sánchez y buena parte de los medios de comunicación que echan un manto de silencio sobre el escándalo.

El País, el mismo diario que dedicó más de 100 portadas al affaire de los trajes del popular Paco Camps, por cierto, exonerado por la Justicia, no se ha enterado todavía del ‘caso Oltra’.

Hablando de escándalos de dobles varas de medir.

Ha pasado una década desde que comenzó la investigación del latrocinio perpetrado por el PSOE con los EREs de Andalucía.

Y todavía, transcurridos más de 10 años, no hay sentencia firme, puesto que la emitida por la Audiencia de Sevilla contra los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como contra consejeros, altos cargos de la Junta, empresarios sociatas y sindicatos, en total 21 personas, está recurrida ante el Tribunal Supremo.

El próximo 4 de mayo, en apenas dos semanas, está previsto que el Supremo se pronuncie por fin, pero puede que nos quedemos otra vez con dos palmos de narices.

La Sala de lo Penal del Supremo ha anunciado que no hará pública su decisión sobre los ‘prevaricadores de los EREs, en caso de que se produzca un adelanto electoral, para no ‘interferir’ en la campaña.
Será todo muy prudente y legal, pero me parece un desatino.

¿Cómo no va a estar la corrupción del PSOE en el la campaña autonómica andaluza y en cualquier elección que se celebre en España?
Sánchez, Oltra, Montero, los de los EWEs, el PSOE y sus cómplices periodísticos son más culpables que Judas.