Miles de personas han salido a las calles en Bucarest para protestar contra dos decretos de ley que el Gobierno rumano planeaba tramitar por el procedimiento de urgencia y que les evitaría procesos penales a políticos acusados de corrupción. Es más, el cambio en el código penal habría sacado de las cárceles rumanas a unas 2.500 personas de un total de 27.000 detenidos.
Con pancartas en las que se leía “dimisión” y “os vigilamos” miles de personas se han manifestado delante de la sede Gobierno en la capital y en otras ciudades del país.
Uno de los decretos amnistiaba a los condenados a menos de cinco años de cárcel salvo por delitos violentos. El segundo castigaba el abuso de poder solo si supone pérdidas por más de 200.000 euros.
El presidente rumano Klaus Iohannis, de centro derecha, ha hecho excepcionalmente uso de la prerrogativa que le permite presidir el Consejo de Ministros para bloquear la iniciativa del Ejecutivo recordando a la mayoría de izquierdas que antes modificar el código penal “hay que abrir un debate público, como prevée la ley”.