Arden de indignación ciudadana las calles de Bucarest por el decreto gubernamental que despenaliza algunos casos de corrupción… Atizado por tres días de manifestaciones masivas, el defensor del pueblo rumano ha llevado el caso ante el Tribunal Constitucional. Según Víctor Ciorbea, nada justifica que el decreto se haya adoptado “por la vía urgente”. El presidente rumano y el Consejo Superior de Magistratura también han pedido al Constitucional que se pronuncie. Lo hará antes del miércoles.

– “Como ministro de Justicia asumo la responsabilidad del decreto”, respondía a las preguntas de la prensa Florín Iordache. “Lo he firmado y lo asumo íntegramente”.

Entre otras cosas, el decreto aprobado el pasado martes despenaliza los delitos de corrupción que hayan causado al Estado pérdidas inferiores a los 44.000 euros, lo que exhoneraría de toda culpa a cientos de políticos y funcionarios. Indignado, el pueblo rumano ha respondido con la mayor oleada de protestas callejeras desde la caída del comunismo.